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Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia.

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hace 6 años y 9 meses
Por Isabel Del Castillo
Modificado posteriormente el 13 d diciembre dl 2010 a las 6:42 AM

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¡Hola!

Este artículo, mejor dicho, es un trabajo que presenté en la universidad, corresponde a la asignatura Garantías Constitucionales. Se trata de un ensayo en el que va más que nada una síntesis y opinión hechas por una servidora con el fin de dar a conocer de una forma más somera el contenido de varios artículos de nuestra Constitución (mexicana) que han sido reformados, es decir la llamada Reforma Constitucional de seguridad y justicia. No es un texto jurídico profesional, es como ya he dicho un ensayo para una asignatura y desde ya me hago responsable de los errores en los que haya podido incurrir. Sin más, les dejo con el escrito.

REFORMA CONSTITUCIONAL DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

 

Introducción

 

Este ensayo pretende enfocar las reformas hechas a los artículos 16, 17, 19, 21 y 22 de la Constitución desde el punto de vista de las «garantías individuales». Se sintetizarán dichas reformas y se cuestionará su objetividad y probable alcance. Tomamos como referencia la Guía de consulta sobre la Reforma constitucional de seguridad y justicia.

Reformas al artículo 16 Constitucional

 

Este artículo sufrirá cambios importantes, como son la eliminación del cuerpo del delito y la sustitución de éste por «los datos que establezcan que se haya cometido ese hecho delictuoso y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión».

Por cuerpo del delito se entiende el conjunto de elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad de la figura delictiva descrita concretamente por la ley penal. [1]

Es de suponerse que lo que se trata es de esclarecer los motivos de manera más exacta para poder librarse una orden de aprensión y salvaguardar la garantía de libertad.

Además se precisa que en caso de fragancia, que es todo acto en que el indiciado es sorprendido en el momento en que se está cometiendo el delito[2], cualquier persona puede detener al indiciado y remitirlo a la autoridad más cercana y ésta, a su vez al Ministerio Público.

Aparece la figura del arraigo en caso de delincuencia organizada, la cual define como «una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos de forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia». El arraigo deberá decretarlo la autoridad Judicial a petición del Ministerio Público, con las modalidades de lugar y tiempo señalados por la ley, siempre y cuando se trate de dicha delincuencia organizada, o el indiciado pueda sustraerse a la Justicia, para proteger a personas o bienes jurídicos. Normalmente el arraigo no debe exceder de 40 días, sin embargo es prorrogable a 80 si el ministerio público acredita que subsisten las causas que lo originaron.

Así mismo, tratándose de delincuencia organizada, podrán duplicarse las 48 horas en las que el indiciado puede ser retenido por el Ministerio Público.

Establece la figura de los jueces de control, cuya función es resolver en forma inmediata la solicitud de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial, garantizando los derechos del indiciado y las víctimas. Deberá existir registro de la comunicación entre los jueces de control, Ministerio Público y autoridades competentes.

Reformas al artículo 17 Constitucional

Pueden resumirse en lo siguiente: La ley deberá preveer  mecanismos alternos de solución para las controversias penales que en dicha materia asegurarán la reparación del daño o si se requiere supervisión judicial, (justicia restaurativa)

Las sentencias que finalicen los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública, citando previamente a las partes.

Se establece la obligatoriedad de que el estado cuente con una defensoría pública de calidad para la población, y también trata de garantizar las percepciones salariales del defensor.

Reformas al artículo 19 Constitucional

 

Se reemplaza el auto de formal prisión por el auto de vinculación al proceso, el cual solo podrá aplazarse a petición del indiciado, de la manera señalada por la ley. Si la persona que está en prisión preventiva no es vinculada a proceso en el tiempo señalado, deberá ser puesta en libertad, al no recibirse constancia del auto en el centro donde se encuentre. Además, si lo considera prudente el juez podrá determinar que el indiciado cumpla el proceso en libertad.

Otra reforma es cuándo podrá solicitar el Ministerio Público prisión preventiva al juez, y será solo cuando otras medidas cautelares sean insuficientes, más que nada para la protección de la víctima y por la alta peligrosidad del indiciado.

También precisa que el juez ordenará prisión preventiva en los casos de delincuencia organizada y delitos graves.

Reformas al artículo 20 Constitucional

 

Implementa el cambio de nuestro sistema de justicia penal mixto, por el acusatorio y oral, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuación e inmediación. Sus principios generales son: El proceso tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, la protección del inocente, procurar que el culpable no quede impune, la reparación de los daños causados por el delito.

La audiencia en presencia del juez sin que éste pueda delegar la responsabilidad en otra persona, así como cuándo serán válidas las pruebas, cuándo condenará el juez, entre otros.

Los derechos del imputado más destacables son: la presunción de inocencia, el derecho de declarar o guardar silencio, de que al momento de su detención se le informe de los hechos que se le imputan así como de los derechos que le asistan. Será juzgado en audiencia pública por un juez, y tiene  derecho a un abogado defensor, particular o de oficio.

Derechos de la víctima u ofendido a destacar son: Asesoría jurídica, coadyuvar con el Ministerio Público, derecho a atención médica y psicológica de emergencia desde la comisión del delito, reparación del daño.

 

Reformas al artículo 21 Constitucional

 

Primero. La investigación de los delitos estará a cargo del Ministerio Público y las policías que estarán al mando de aquél. Ésto quiere decir que se le restan funciones que tenía anteriormente de carácter judicial.

Segunda. La legitimación de ejercer la acción penal corresponde al Ministerio Público, y la Ley determinará en qué casos pueden ejercerla los particulares.

Tercera. La imposición y modificación y duración de penas serán exclusivas de la autoridad judicial.

Cuarta. En cuestión de los criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, el Ministerio Público podrá considerarlos en los supuestos marcados por la Ley.

Reformas al artículo 22 Constitucional

 

En este artículo se distingue lo siguiente: La proporcionalidad de la pena, es decir que la pena deberá ser proporcional al delito que se sanciona o al bien jurídico que haya sido afectado.

Se regula la extinción de dominio, para lo cual se llevará un proceso que deberá seguir ciertas pautas. Algunas de ellas son: será autónomo y jurisdiccional del proceso penal, procede en casos de delincuencia organizada, secuestro, trata de personas, etcétera, cuando los bienes hubiesen sido objeto directo o indirecto de dichos delitos.

Cabe aclarar que las personas que se consideren afectadas podrán interponer recursos para demostrar la procedencia lícita de sus bienes, la buena fe, o el desconocimiento de que sus bienes eran utilizados para fines ilícitos.

Conclusión

 

Si bien se implementan grandes cambios en nuestro sistema de justicia penal, aún quedan lagunas en cuestión de garantías individuales. Por ejemplo, la presunción de inocencia  del indiciado es violentada al exhibirlo públicamente ante los medios de comunicación sin existir el auto de vinculación a proceso. Para llevar a cabo estos cambios tendrá que pasar mucho tiempo y creo sin temor a equivocarme que el principal motivo de que no se respeten las garantías individuales en materia penal es el desconocimiento de éstas por parte de víctimas e indiciados.

Hay que reconocer que no hemos hecho mas que empezar, y del Decreto al hecho falta mucho camino por recorrer, y recordar que «Justicia tardía es justicia negada».

Isabel Del Castillo Solís, a 07 de noviembre de 2010.


[1] Martha Izquierdo, Garantías individuales, 3ª. Ed., Oxford, México, 2007,  P. 157

[2] Martha izquierdo, op. Cit.

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